Cada episodio que nos sacude como sociedad repite la misma escena: cuando más falta hace la información fiable, más fácil es que se cuele el bulo. En una emergencia, la desinformación no es abstracta: un mensaje falso desvía recursos, genera pánico y alimenta el descrédito. Lo hemos visto en crisis recientes: los engaños viajan más rápido que la información verificada y condicionan decisiones y percepciones.

Europa empieza a exigir responsabilidades a las grandes plataformas. El Reglamento de Servicios Digitales (DSA) y las sanciones por falta de transparencia son un avance, pero insuficiente. Ninguna norma sustituye lo que marca la diferencia cuando el ruido aprieta: el oficio.

Oficio es contraste: llamar, comprobar y renunciar a publicar lo que no se puede sostener. Oficio es contexto: explicar qué se sabe, qué no y por qué. Oficio es separar información y opinión; y no vender como “debate” lo que es manipulación. Oficio es dar la cara: firmar y rectificar con claridad.

Ese oficio compite con un modelo que premia el clic, el “copiar-pegar” y la velocidad por encima de la precisión. También con la falsa neutralidad del algoritmo, que distribuye sin criterio editorial y amplifica lo que indigna. Por eso la apariencia de noticia, sin fuentes ni trazabilidad, no puede tener el mismo estatus que la información trabajada.

En el ámbito local, donde los hechos tienen nombre y apellido, esa diferencia se nota más: quien informa vive aquí, conoce el terreno y rinde cuentas ante su comunidad.

Defender a los medios no es pedir privilegios. Es reclamar condiciones para cumplir una función pública: sostenibilidad del periodismo local, acceso a datos y portavocías ágiles en crisis, y alfabetización mediática (especialmente en jóvenes) para detectar trampas antes de compartir. Sin ese filtro, la conversación pública queda a merced de intereses, bots y ruido ajeno.

La pregunta no es si habrá bulos; los habrá. La pregunta es si habrá oficio suficiente para frenarlos a tiempo.

* CEO de Real de a 8 Comunicación